Desde hace décadas son “educadores comunitarios”: cientos de
trabajadores que se formaron en el seno de las organizaciones barriales en los
años ’80 y ’90, cuando el Estado dejó de ser garante de la educación pública y
tuvieron que salir a cumplir esa función en los barrios del conurbano
bonaerense. Ahora, la Ley de Incorporación de la Modalidad de Escuela
Comunitaria, aprobada la semana pasada en la provincia de Buenos Aires, viene a
llenar el vacío legal en el que funcionaban esos trabajadores. Pero ayer se
convirtieron en “maestros truchos” o “militantes”. Es que otra vez una polémica
sobre un tema educativo se instaló en los medios a partir de una información
descontextualizada: se aseguró que por la norma “nombrarán maestros sin título
en jardines maternales y jardines”. Y desde el propio gobierno provincial
adelantaron que habrá un veto total o parcial a la ley.
Los educadores comunitarios dependen de las 1600 Unidades de Desarrollo
Infantil del Ministerio de Desarrollo Social y en algunos casos de la Dirección
Provincial de Gestión Privada. “Fuimos los hombres y mujeres de esta provincia
que nos hicimos cargo de nuestra propia educación para ayudar a los chicos a
llegar a la primaria con más herramientas, porque no había jardines de infantes
en nuestros barrios. Hoy seguimos cubriendo la ausencia de jardines maternales”,
dijo Beba Raymundo, coordinadora de la Red (de Jardines Maternales Comunitarios)
de La Matanza.
La ley que la diputada bonaerense Alicia Sánchez (FpV) impulsó en la
Legislatura incorpora a estos centros comunitarios al sistema de enseñanza, con
el fin de darles capacitación y supervisión continua. La polémica se originó
porque se sostuvo que se nombrarán maestros sin título.
“Falso. No sólo es mentira, sino que el mensaje es cruel para nosotros, que
estamos orgullosos de nuestros centros comunitarios, porque son lugares nacidos
de la necesidad y construidos con dignidad”, señaló Raymundo, que fundó en el
’86 el Jardín Maternal El Colmenar, dentro del colegio Lasalle, en González
Catán, para que los padres pudieran dejar a los chicos de 0 a 5 años bien
cuidados.
Ayer, el subsecretario de Educación bonaerense, Néstor Ribet, dijo que el
gobierno bonaerense vetará la ley, ya que entiende que “para estar al frente de
alumnos hay que tener formación pedagógica”. Ribet dijo que “hoy en la provincia
hay alrededor de 200 jardines de infantes ‘comunitarios’, algunos con sala
maternal y otros de nivel inicial, con 1200 docentes que forman parte del
sistema de gestión estatal porque se adecuaron a la normativa”.
La Ley de Educación nacional de 2005, impulsada por el ex ministro del
kirchnerismo Daniel Filmus, estableció que “el Sistema Educativo lo integran los
servicios de gestión estatal y privada y de gestión cooperativa y social”.
Pueden prestarlos la Iglesia y las sociedades, cooperativas, organizaciones
sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones, empresas y las personas
físicas, todos en el mismo derecho, rango y nivel, hasta para emitir títulos con
validez nacional.
La diputada Sánchez aseguró que la norma “es algo bueno y superador, porque
queremos más educación. Es una falacia decir que a los militantes sociales se
les va a otorgar un título de maestro”, recalcó. “En ningún momento dice (la
ley) que hay que darles un título docente. No es que hay que abrir jardines de
infantes y que no haya docentes”, afirmó la legisladora, quien explicó que la
norma es “para instituciones educativas comunitarias que existen en el
territorio bonaerense desde hace treinta años”. Al respecto, detalló que en
estos lugares “se alberga a 70 mil niños bonaerenses en 1800 instituciones
educativas”. “Más del 50 por ciento de las educadoras que trabajan en estas
instituciones tienen título de docente, pero trabajan en forma no registrada”,
expresó.
Beba Raymundo contó que “nuestros catorce centros comunitarios tienen hoy
convenio con la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada y los
educadores comunitarios reciben su sueldo en el marco de ese acuerdo”. La ley
que los incorpora al sistema les traería más soluciones, como la que obtuvieron
al recibir el CUE, un código que los centros comunitarios tienen para poder
acreditar la asignaciones familiares, lo que los reconoce como establecimientos
educativos.
Para Ana Gravina, coordinadora de la Red El Encuentro, que integran otros 16
centros comunitarios de José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas y General
Sarmiento, “no buscamos convertirnos en una escuela. No fuimos nunca a pedir
nada a nadie ni pretendemos ser lo que no somos. Sólo nacimos de la necesidad y
cubrimos una falta grande. Para eso tuvimos que trabajar y mucho y hoy tenemos
nuestros maestros, que estudiaron para ser maestros y que incluso fueron alumnos
nuestros”, explicó Gravina.
La coordinadora de El Encuentro contó que la necesidad los obligó a formarse,
por la presión de los mismos padres que pedían que el centro comunitario del
barrio les diera un espacio para que los chicos pudieran educarse, ya que el
jardín más cercano estaba a 30 cuadras. Hoy atienden, a contraturno, a chicos de
6 a 14 y de 14 a 18 años, además de los Jardines Maternales y de Infantes, que
son las únicas alternativas gratuitas en la zona.
“El año pasado nos llamaron maestros truchos. Y nos vimos enfrentados a los
maestros jardineros de San Miguel porque alguien les dijo que nosotros íbamos a
quitarles el trabajo. Ridículo y perverso. Ahora dicen que queremos ser docentes
sin título. ¿Desde cuándo?”, se preguntó. Gravina dijo que “los centros
comunitarios tienen una función social muy importante y no buscan reemplazar a
la escuela. “Sólo buscamos complementarla y para eso existimos”,
concluyó.
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Con esta frase, Julián Dominguez, Presidente
de la Cámara
de Diputados de La Nación,
resumió la voluntad política de avanzar en el trabajo articulado
con las organizaciones en el marco del Encuentro por la Agenda Legislativa
Nacional de las Organizaciones Sociales.
