martes, 14 de diciembre de 2010

La dignidad criminalizada

Marcha "El hambre es un crimen"
Desde sus inicios, CREAS, tuvo como base para sus objetivos y como línea de referencia, los Derechos Humanos. En esa línea hemos desarrollado el crecimiento de la organización, pero también, desde diferentes gobiernos y formas de dominación económica, se fue criminalizando la protesta social y más aún hacia aquellos grupos o personas que luchan por hacer valer sus derechos humanos.
Creemos que para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, ejercer los derechos de participar, reunirse, organizarse, movilizarse, incidir y comunicar son fundamentales.
Durante este último tiempo hemos visto con tristeza cómo acciones como el acoso físico o intimidaciones, la penalización, persecución e investigación de las personas, las restricciones administrativas, el etiquetado y propaganda negativa se transformaron en prácticas habituales de algunos sectores.
La legalidad y legitimidad de las Acciones de Defensa de Derechos Humanos está amparada bajo normas y tratados internacionales adoptados por las constituciones de los países de nuestro continente pero enfrentada con los poderes económicos. Un caso paradigmático es el que representa el Gran Chaco Americano, formado por Argentina, Paraguay y Bolivia. En esta región confluyen varios pueblos originarios pero además fuertes intereses económicos basados en la soja, el petróleo, la industria maderera y hasta el narcotráfico. Así dos maneras de concebir el mundo se enfrentan, los pueblos originarios ven a la tierra como parte de su identidad y su superviviencia por lo que su preservación es fundamental. Los grupos basados en el interés económico sólo ven un recurso para obtener ganancias económicas a cualquier costo y todo aquello que represente un peligro para sus fines debe ser eliminado.
No hace falta asociar el concepto de depredación de los primeros acechadores y conquistadores de estas tierras para pensar esta nueva forma de explotación de los recursos naturales y de los poseedores ancestrales de las mismas. En muchas ocasiones ciertas estructuras del estado funcionan como parte del sistema de expropiación y hostigamiento, amparando a quienes poseen el poder para desplazar al resto.
Un ejemplo en Argentina ha sido un hecho que circuló fuertemente en los medios vinculado al desalojo de Familias de la comunidad Qom Toba, que habitan un sector de la Colonia La Primavera, a la altura del km 1.340 de la ruta número 86, provincia de Formosa. Resisten la constante usurpación de sus tierras cortando la ruta desde hace cuatro meses. El 23 de noviembre los desalojaron brutalmente y debido a la violencia ejercida hacia ellos, un policía y dos integrantes de la comunidad murieron.
La criminalización de la protesta, impacta en la vida de las personas, a veces hasta quitándoselas como en Formosa, otras veces a través de la imposición del miedo para evitar el reclamo de legítimos derechos avalados por las cartas magnas de los países y otra para ejemplificar al resto de las personas y evitar el progreso en el desarrollo de acciones democráticas y populares.
Sabemos lo importante de otorgar la palabra, abrir espacios, brindar herramientas para incidir públicamente y sobre todo, con aquellos sectores que han sido más vulnerados y olvidados históricamente. Esa es la línea que seguimos y nos convoca a seguir trabajando para que dejen de prevalecer los poderes económicos frente a los derechos basados en la dignidad y el respeto a la propia existencia.

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