viernes, 9 de noviembre de 2012

“Somos personas humildes que hemos tenido la grandeza de levantarnos frente al CEAMSE”



Así lo expresaron los Vecinos Auto-convocados de González Catán que demandan ante el Tribunal Latinoamericano del Agua a la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) por el funcionamiento del relleno sanitario en González Catán, que, según los vecinos, “causa contaminación de agua, aire y suelo perjudicando gravemente la salud de los habitantes del distrito”.

Creas que apoya y acompaña las actividades de la Sexta Audiencia del Tribunal en Buenos Aires estuvo presente cuando los demandantes señalaron que el relleno Sanitario de la CEAMSE, que funciona desde el año 1978 “vierte actualmente 2.000 toneladas de basura diarias sin separación de origen”. Agregaron también que “su pileta de lixiviados va a dar en el Arroyo Morales, cuyas aguas podrían estar entremezclándose con las del Río Pampeano y con las del acuífero Puelche y cuya disposición final va a parar a los barrios San Enrique, Santa María, Puente Ezcurra y Nicole en el distrito de González Catán”.

La Asamblea de Vecinos de González Catan contra la CEAMSE ha hecho hincapié en la situación de pobreza y vulnerabilidad de la población del distrito y han señalado que “según estudios independientes, su agua no es apta para el consumo humano desde el punto de vista bacteriológico” y que “presenta partículas metálicas, cristalinas y algas, así como elementos como hexavalente”. Los demandantes han señalado que al basurero de la CEAMSE como “el causante de la proliferación de enfermedades en la zona, cuyas tasas de lupus, cáncer, púrpura o distrofia muscular han aumentado en los últimos años”.

Así, los demandantes han solicitado al Tribunal que recomiende “el cierre, saneamiento y remediación del basurero de la CEAMSE, la Derogación del decreto Ley 9.111 de 1978, la construcción de una Red de agua potable en su distrito, mejores servicios sanitarios para la población, monitoreo de los análisis del agua con participación y control de las comisiones de agua nacionales y de derechos humanos, y enjuiciamiento de de responsables de los hechos políticos y materiales”.

Por otra parte, también se recibieron las denuncias contra la Compañía Minera Nevada Ltda., subsidiaria de la canadiense Barrick Gold por los daños socio-ambientales generados con el megaproyecto minero Pascua Lama, en la región fronteriza de Chile y Argentina. Los demandantes son el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Consejo de Defensa del Valle del Huasco y organizaciones del Alto Carmen (la Pastoral Salvaguarda de la Creación y el Comité Esperanza de Vida). Ellos señalan que “la instalación del proyecto Pascua-Lama amenaza a los glaciares cordilleranos aledaños (Toro I, Toro II y Esperanza) que ya han sido significativamente destruidos, según han reconocido el propio Ministerio de Obras Públicas chileno”.

“Esta amenaza -han señalado- proviene tanto por la cantidad de agua empleada por la mina (370 litros/segundo) como por el uso de la técnica de lixiviación con cianuro de sodio, la ubicación de  desechos sobre el lecho de los ríos, por la apertura de brechas y por el tránsito de camiones con materiales explosivos, combustibles y químicos”. Los demandantes señalan también que los ríos que son tributarios de los glaciares, como El Tránsito y El Carmen, también están sufriendo gran contaminación, razón por la que los habitantes de la comunidad del Alto Carmen tienen que ser sumistrados a través de la municipalidad para poder beber agua”.

  “Esta situación-han puntualizado- amenaza la biodiversidad de la región y los derechos humanos, culturales y al modo de vida agrícola de los pobladores de la comuna de Alto del Carmen – que incluye la comunidad indígena Diaguita Huacoaltina, cuyo caso ya compareció en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Además, los denunciantes han hecho hincapié en “la profunda fractura social que esta situación ha causado en la comunidad” y en que la empresa “no ha enmendado su actitud después de sanciones impuestas por las instituciones de vigilancia ambiental chilenas”.

Algo similar ocurre con la Minera Yanacocha que junto con el estado peruano fueron denunciados también ante el TLA por el proyecto minero Conga. Los demandantes pertenecientes al Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo (Grufides) y a la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) los  acusan de “amenazar al medio ambiente y al derecho humano al agua de los habitantes de las provincias de Cajamarca y Celendín” y solicitan “la suspensión definitiva del proyecto  que causará “la pérdida inminente de lagunas naturales, la afectación de más de 680 manantiales y la modificación negativa de varios ecosistemas, entre ellos bofedales, fauna y flora en la región de Cajamarca”.

Todos estos casos serán resueltos por el Jurado que emitirá veredicto al término de las sesiones de la Audiencia Pública este viernes 9 de noviembre de2012 a las 15.30 (hora argentina).

Más información sobre los casos: hhtp://www.tragua.com 

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